Reporte diario 08.07.26
Titulares
– Lima vuelve a ser la región con mayor competitividad del país según ranking IPE
– Cobros de peajes enfrentan nuevo riesgo ante el Tribunal Constitucional
– Perú es el país de Sudamérica que emplea más banda para desplegar tecnología 5G según reporte de Opensignal
– JNE, ONPE y Reniec advierten falta de dinero para las elecciones regionales y municipales
Portadas del día
Economía
El Incore 2026 muestra que Lima recuperó el primer lugar en competitividad regional, con 7.5 puntos, empatada con Moquegua pero liderando más pilares, especialmente infraestructura y educación. A nivel nacional, el promedio subió de 5.3 a 5.5, aunque persisten brechas importantes entre regiones. Lima aún mantiene retos en el pilar laboral e institucional, mientras que Moquegua retrocedió por caídas en infraestructura, educación y salud. Arequipa, Tacna e Ica completan el top 5, mientras que Loreto sigue como la región menos competitiva del país. El informe advierte que un eventual Fenómeno El Niño podría deteriorar rápidamente los avances, sobre todo en infraestructura básica y educativa.
Según Opensignal, Perú es el país sudamericano que usa más bandas para desplegar 5G, con conexiones repartidas principalmente en 3,500 MHz, 2,300 MHz, 2,100 MHz y 2,600 MHz. Aunque la banda de 3,500 MHz concentra el 77% del tráfico y es la más adecuada para 5G por velocidad y capacidad, la fragmentación del espectro hace más compleja la conexión y puede reducir la velocidad. A diferencia de países como Chile, Colombia, Argentina, Paraguay y Uruguay, donde el 100% del tráfico 5G se concentra en una sola banda, Perú mantiene un despliegue más disperso. El MTC busca ordenar este escenario con la reserva de la banda 3.5 GHz para 5G, mientras expertos señalan que compartir infraestructura y usar esquemas público-privados será clave para expandir el servicio en zonas rurales.
El caso Rutas de Lima podría abrir un precedente para que se solicite la suspensión de otros peajes concesionados, como el tramo Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia, operado por Covinca. Aunque especialistas señalan que no es un caso idéntico, advierten que el fallo del TC sobre Puente Piedra podría ser usado como argumento por ciudadanos o autoridades. El sector privado expresa preocupación porque esto podría afectar nuevas APP y concesiones viales, generando incertidumbre para inversionistas. Covinca sostiene que sus peajes financian operación y mantenimiento desde 2013, antes del inicio formal de la concesión.
El Gobierno evalúa ocho propuestas de adenda para proyectos APP por más de US$ 8,500 millones, principalmente vinculadas al MTC. La iniciativa de mayor monto corresponde a la Línea 1 del Metro de Lima, con una inversión estimada de US$ 3,836 millones para ampliar su capacidad ante una demanda que ya supera los 1.2 millones de pasajeros diarios. También se revisan adendas para concesiones portuarias, como el Muelle Sur del Callao de DP World y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales. En energía, se evalúan modificaciones para Cálidda, TGP y otros proyectos. ProInversión advierte que, si la evaluación no concluye, el próximo gobierno deberá asumir estas decisiones.
La Contraloría alertó que el déficit financiero para ejecutar el Puente Santa Rosa, obra clave para el acceso definitivo al aeropuerto Jorge Chávez, podría generar sobrecostos, arbitrajes y retrasos. Según el informe, solo hay S/ 24.7 millones disponibles, monto insuficiente frente a los S/ 156.1 millones proyectados hasta diciembre de 2026 y menor incluso a lo requerido hasta agosto. Además, las gestiones del MTC ante el MEF para obtener recursos adicionales no tenían respuesta al 18 de junio. También se advierten retrasos en el diseño y construcción, lo que podría afectar la entrega del acceso directo al aeropuerto y los beneficios esperados en descongestión vial.
El Tribunal Constitucional estableció límites a la Sunat en el uso del Buzón SOL para notificaciones tributarias, al señalar que no basta con comunicar por ese medio si no se garantiza que el contribuyente conozca oportunamente el inicio del procedimiento. El caso surgió por una empresa que no habría tomado conocimiento de una fiscalización del Impuesto a la Renta 2020 y, por ello, no pudo ejercer su defensa dentro de los plazos. El TC declaró fundada la demanda y anuló la notificación inicial, reafirmando que el derecho de defensa exige conocimiento efectivo del procedimiento, no solo el envío formal de alertas electrónicas o mensajes de texto
El consumo de las familias creció 7.7% en junio, su menor ritmo desde mediados del 2025 y con cinco meses consecutivos de desaceleración, según el índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research. La moderación responde al fin del impulso generado por los retiros extraordinarios de fondos AFP y al efecto del aumento de precios sobre el poder adquisitivo. Sin embargo, BBVA señala que no se trata de un deterioro, sino de un retorno a niveles más habituales. El consumo aún se sostiene por el empleo formal, la masa salarial, la recuperación de la confianza del consumidor y el avance del crédito de consumo.
La SBS propuso una norma para uniformizar la evaluación crediticia en las cooperativas de ahorro y crédito, con el objetivo de frenar el sobreendeudamiento y reducir riesgos de morosidad. Actualmente, cada coopac aplica sus propios criterios, lo que puede llevar a sobreestimar la capacidad de pago de los socios. La nueva evaluación consideraría ingresos, obligaciones pendientes, nivel de deuda del socio y de su cónyuge, además de información de centrales de riesgo. Especialistas señalan que la medida podría desacelerar inicialmente los desembolsos, pero mejoraría la calidad de los créditos y fortalecería la sostenibilidad financiera de las cooperativas.
El MEF aprobó un nuevo marco para ampliar el uso de bonos sostenibles y financiar más proyectos con beneficios ambientales o sociales. La actualización reemplaza el esquema vigente desde 2021, incorpora estándares internacionales y fortalece la transparencia, supervisión y medición de resultados. Con ello, futuras emisiones podrán destinarse a infraestructura, agua y saneamiento, vivienda social, transporte limpio, energías renovables, salud, educación y adaptación climática. Especialistas señalan que la medida puede atraer más inversionistas ESG y abrir oportunidades para bancos, fondos y aseguradoras, aunque su impacto dependerá de una buena cartera de proyectos y de una ejecución verificable.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que un déficit de S/589 millones pone en riesgo la organización de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Según indicó, el JNE, la ONPE y el Reniec enfrentan limitaciones operativas por la falta de recursos, pese a haber solicitado financiamiento adicional. Burneo señaló que, si no se atiende el presupuesto, podría evaluarse incluso ampliar el mandato de las actuales autoridades locales. El Reniec también alertó que la falta de fondos afecta la atención en oficinas y centros MAC. El MEF respondió que los recursos se asignarán con criterios técnicos y según disponibilidad presupuestal.
Política
Keiko Fujimori formalizó ante la PCM la conformación de sus equipos de transferencia, solicitando su instalación y coordinación conforme a ley. El equipo estará liderado por Malori Marchando como responsable general, junto con técnicos y exfuncionarios vinculados a distintos sectores. Entre los nombres mencionados figuran perfiles para Economía, Relaciones Exteriores, Educación, Desarrollo Agrario, Salud, Comercio Exterior y otras áreas. La nota también señala que Fujimori aún no anunciaría a su jefe de Gabinete hasta mediados de julio, cuando reciba sus credenciales físicas como presidenta electa.
La Comisión Permanente del Congreso fue convocada para mañana a las 9 a.m. para debatir dictámenes y proyectos incluidos en su agenda. Entre los temas principales figura el proyecto de ley 14799, que propone aprobar créditos suplementarios para financiar inversiones públicas, cerrar brechas, asegurar la continuidad de servicios del Estado y garantizar la transición democrática. La Comisión mantendrá facultades legislativas hasta el 15 de julio, antes de la instalación del nuevo periodo parlamentario.